“El olor de la gasolina”

 

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“El olor de la gasolina”

Por José Herrera, con whisky barato, uñas sucias y el hígado lleno de rabia

En Zacatlán, mientras el pueblo subía en burro al panteón, el gobierno de José Luis Márquez Martínez quemaba gasolina como si fueran los últimos días del Apocalipsis. Cuarenta millones de pesos. En gasolina. En lubricantes. En humo. En nada.

No se trataba de surtir patrullas blindadas ni de mover ambulancias para salvar vidas. Tampoco había una flotilla de tractores sembrando esperanza. No. Se trataba de quemar dinero a la velocidad de una camioneta oficial a toda madre por la Sierra Norte.

Porque ese es el nuevo evangelio de la política municipal: gastar hasta reventar, y que los ciudadanos —como siempre— se vayan con su boleta de transparencia impresa en papel reciclado directo al archivo muerto.

Sí, el dato es oficial. Sale de los mismos documentos que ellos entregaron, a regañadientes, como si uno les estuviera pidiendo un pedazo de su alma. Más de 40 millones en gasolina en un solo periodo de gobierno. Eso no lo consume ni una aerolínea regional. Y uno se pregunta:

¿Cuántos kilómetros puede recorrer la corrupción cuando se le llena el tanque con dinero público?

Pero ahí no termina la cosa. Porque siempre que hay un escándalo de millones, hay una empresa con nombre de película de la Ley de Herodes: El Crucero de Zacatlán, S.A. de C.V.. Bonito nombre, ¿no?

Empresa fundada por José Luis Martínez Vázquez —padrino político y financiero de medio Zacatlán— y sus angelicales hijos.

¿Y quién crees que aparece en el organigrama como Comisario de la sociedad? Pues Leocadio Márquez Becerra.

¿Y quién más? José Luis Martínez Vázquez, el mismo que también fundó Transportes MARVA, otra empresa ligada a los engranajes de este imperio silencioso de gasolina, lubricantes y licitaciones a modo.

Porque eso es lo que son: empresas familiares disfrazadas de proveedores, que se alimentan de los contratos públicos como hienas frente a una res carcajada. ¿Adjudicación directa? ¿Competencia real? ¿Bitácoras de consumo? ¿Auditoría preventiva? Eso son cuentos para el Instituto de Transparencia. Aquí lo que manda es el apellido, la palanca, el silencio cómplice del Cabildo, y la ceguera funcional de los diputados que le aprobaron todo.

Zacatlán es una escenografía. Una postal para Instagram. Pero detrás de los geranios, el reloj floral y el pan de queso, se esconde un aparato de poder que funciona a base de aceite quemado, contratos sin concurso y facturas que se pagan sin revisar.

Porque para ellos, el dinero público es un barril sin fondo.

Y mientras el pueblo no reclama, ellos llenan el tanque otra vez.

La Auditoría Superior del Estado ya tiene la solicitud. La pregunta no es si investigarán, sino si se atreverán a destapar la cloaca. Porque aquí no se trata solo de números. Se trata de una estructura de poder que se ha incrustado como moho en las paredes del municipio.

¿Quién va a tener los huevos de enfrentarlos?
¿El Congreso local? ¿La Secretaría de la Función Pública?
¿O vamos a seguir pretendiendo que todo es normal, que cuarenta millones en gasolina es lo que cuesta mover una administración municipal en un pueblo donde el transporte más común es la combi?

Esto no es un error administrativo.
Es un saqueo planeado, firmado, legalizado y lubricado.

Y si nadie hace nada, si nadie mete las manos, si nadie prende el foco… entonces dejemos de hablar de democracia.
Porque en Zacatlán ya no gobiernan los ciudadanos.
Gobiernan los tanques llenos.
Y las conciencias vacías.