“Melgarejo quiere cobrar 998 millones sin poner un ladrillo”: García Parra denuncia fallo judicial y llama a votar en elección del PJF
Puebla, Pue.— José Luis García Parra, coordinador del Gabinete del Gobierno de Puebla, lanzó una contundente crítica contra el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al estado a pagar una indemnización de 2 mil 200 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcciones y Concesiones S.A. de C.V. por la cancelación del Libramiento Poniente, una obra que nunca fue construida.
Durante la conferencia matutina del gobernador Alejandro Armenta, García Parra reveló que representantes de la empresa ofrecieron un “acuerdo amistoso”: aceptar el pago de 998 millones de pesos en plazos diferidos, a cambio de no exigir el monto completo determinado por la Corte. La propuesta fue rechazada por el gobierno estatal, al considerar que se trata de un abuso en detrimento del interés público.
“Melgarejo quiere cobrar 998 millones sin poner un solo ladrillo, sin haber invertido un bulto de cemento. Con ese dinero podríamos comprar 900 patrullas completamente equipadas o financiar proyectos de seguridad pública como la conexión desde Río Frío hasta Esperanza. ¿Cómo se justifica pagar casi mil millones por una obra que jamás se inició?”, cuestionó el funcionario.
Antecedentes del conflicto: promesas, juicios y un fallo polémico
El proyecto del Libramiento Poniente fue concebido en el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle como una vía para conectar el Arco Norte con la Autopista Siglo XXI. El contrato con Melgarejo fue firmado en 2009, pero la obra fue cancelada en 2012. La empresa inició entonces un proceso legal que derivó en una resolución definitiva de la SCJN en junio de 2024, la cual obliga al estado a indemnizarla.
García Parra señaló que el gobierno ha interpuesto un recurso de revisión contra la sentencia, que aún se encuentra en proceso. No obstante, advirtió que el caso pone en evidencia la forma en que el viejo régimen del Poder Judicial favorece intereses privados por encima del bien común.
“Esto no es justicia. Es una simulación construida con complicidad de magistrados que hoy no rinden cuentas a nadie. Nos están condenando a pagar con dinero público una obra fantasma. Por eso es urgente transformar el sistema judicial desde la raíz”, afirmó.
Complicidad y vieja estructura judicial
El funcionario también denunció presunta colusión entre la empresa y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, quienes habrían facilitado los fallos favorables en cada etapa del proceso judicial. Acusó que esta red de intereses protegió a Melgarejo durante más de una década, hasta lograr una sentencia favorable sin sustento en obra ejecutada.
“Tenemos un Poder Judicial que no defiende al pueblo, sino a las empresas, incluso cuando no cumplen. Este caso es la muestra más clara de por qué necesitamos un cambio profundo en las instituciones que imparten justicia”, sentenció.
Llamado ciudadano: "El 1 de junio elegiremos la justicia"
Aprovechando la exposición del caso, García Parra hizo un llamado a la ciudadanía poblana para que participe en las elecciones del 1 de junio, en las cuales por primera vez se votará directamente por quienes integrarán el nuevo Poder Judicial Federal.
“La justicia no puede seguir en manos de quienes solo miran hacia los intereses empresariales. Necesitamos un Poder Judicial verdaderamente autónomo, que escuche y responda al pueblo. Este 1 de junio, tenemos la oportunidad histórica de decidir quiénes impartirán justicia en México”, concluyó.
El caso Melgarejo ha desatado un amplio debate en Puebla sobre el uso de recursos públicos, la legalidad de los procesos administrativos, y la urgencia de una reforma profunda en el sistema judicial mexicano. Mientras tanto, el gobierno estatal asegura que seguirá combatiendo legalmente este pago “injusto” hasta sus últimas consecuencias.
