El 5 de febrero de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío al Congreso de la Unión de dos reformas constitucionales destinadas a prohibir la reelección inmediata y a combatir el nepotismo en cargos de elección popular. Estas iniciativas buscan evitar que el acceso a puestos públicos dependa de vínculos familiares en lugar de méritos o capacidades.
En el Congreso de Puebla, varios diputados con familiares en la política han expresado su apoyo a estas reformas. Por ejemplo, Katia Sánchez, diputada del Partido Verde y esposa de Eric Cotoñeto, operador político y exdiputado, señaló la importancia de equilibrar la prohibición del nepotismo con el reconocimiento de las capacidades individuales, argumentando que tener un familiar en la política no debería impedir que una persona preparada ocupe un cargo público.
Roberto Zataraín Leal, diputado de Morena y pareja de la diputada federal Claudia Rivera Vivanco, también destacó la necesidad de establecer reglas claras para evitar el nepotismo, reconociendo que muchas familias han contribuido a la fundación y desarrollo de Morena y tienen derecho a participar en la vida política.
Por su parte, Julio Huerta, diputado de Morena y primo del fallecido exgobernador Miguel Barbosa Huerta, manifestó su respaldo a las iniciativas presidenciales, enfatizando la importancia de evitar la herencia de cargos públicos y promover una verdadera democracia.
Sin embargo, algunos legisladores prefirieron no opinar o evitaron a los medios de comunicación al respecto. Ana Lilia Tepole Armenta, diputada e hija del expresidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, mencionó que necesitaba informarse más sobre la reforma antes de emitir una opinión. Mauricio Céspedes Peregrina, hermano del exgobernador Sergio Salomón, y María de la Barreda, hija de la exalcaldesa de San Pedro Cholula, Paola Angón, evitaron hacer comentarios al respecto.
Estas reformas propuestas por la presidenta Sheinbaum buscan fortalecer la democracia en México, asegurando que los cargos públicos sean ocupados por individuos capacitados y no asignados por lazos familiares, promoviendo así una mayor transparencia y equidad en el sistema político.
