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El Vaticano publica su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia

 El Vaticano publica su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia.

El Vaticano ha publicado este martes su primer informe sobre la protección de menores, en el que se hace un llamado a agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y a mejorar el acompañamiento de las víctimas. Este informe fue elaborado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, un órgano consultivo creado en 2014 por el Papa Francisco, que se espera presente un informe anualmente sobre esta temática (Comisión Pontificia para la Protección de Menores, 2024).

El documento, presentado como una "primera etapa", "documenta los riesgos persistentes y los avances posibles en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables", según lo indicado por la Comisión. En abril de 2022, el Papa Francisco solicitó un informe a esta comisión para obtener información "fiable sobre lo que ocurre y lo que debe cambiar" (Comisión Pontificia para la Protección de Menores, 2024).

Composición y Funciones de la Comisión

Los miembros de la comisión, designados directamente por el Papa, incluyen expertos religiosos y laicos en áreas como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría y los Derechos Humanos. En 2022, la comisión fue integrada en la Curia, aunque ha enfrentado críticas severas.

El presidente de la comisión, el cardenal Sean O'Malley, afirmó en el informe que "verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo". Este enfoque busca garantizar que las víctimas tengan acceso a la verdad sobre sus agresores y a la información relevante sobre los casos.

Prioridades Identificadas

Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión identificó como máxima prioridad el acceso de las víctimas a la verdad. Propone que la Iglesia implemente medidas que garanticen el derecho a la información sobre las circunstancias y responsabilidades en cada caso. Además, sugiere la creación de un defensor del pueblo que proteja los derechos de las víctimas y establezca una definición más uniforme de vulnerabilidad, basándose en testimonios de quienes han sufrido abusos.

Una de las víctimas consultadas expresó su asombro al descubrir que "la parte menos extenuante de todo el proceso fue la agresión". Lamentó que "lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo comienza a derrumbarse sobre ti".

Procedimientos y Desafíos

El informe también hace hincapié en la necesidad de agilizar los procedimientos de destitución de responsables eclesiásticos acusados de pedocriminalidad. Aunque se señala que este proceso debe realizarse "cuando esté justificado", no se especifica si debe iniciarse ante sospechas o tras la conclusión de un proceso judicial, ya sea canónico o civil.

La comisión destaca que estos esfuerzos se ven complicados por disparidades culturales y obstáculos administrativos. En África, se ha observado que "la cultura de la protección es un concepto nuevo", que requiere "sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias". En México, por su parte, existen "importantes barreras culturales" que dificultan la denuncia de la violencia sexual, constituyendo un claro obstáculo para el proceso de justicia.

Llamado a la Transparencia

Desde su nombramiento en 2013, el Papa Francisco ha implementado varias medidas para combatir la violencia sexual en la Iglesia, como la eliminación del secreto pontificio y la obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión. Sin embargo, las organizaciones de víctimas critican que estas acciones aún son insuficientes y que el clero no está obligado a denunciar delitos ante la justicia civil, salvo que las leyes del país lo requieran.

Anne Barrett Doyle, codirectora de la organización estadounidense Bishop Accountability, enfatizó la necesidad de "una verdadera tolerancia cero en todo el mundo". Ella sostiene que cualquier sacerdote "acusado de manera creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público". También aboga por la publicación de los nombres y detalles de los casos de sacerdotes considerados culpables de agresión sexual, afirmando que "la responsabilidad empieza por divulgar la información", criticando la falta de transparencia del Papa Francisco.

Referencias

Comisión Pontificia para la Protección de Menores. (2024). Informe sobre la protección de menores en la Iglesia. Ciudad del Vaticano.

29-10-20124