Nuevamente como cada cien años, en México la violencia y la muerte alcanzan niveles nunca vistos, ahora con el enfrentamiento constante contra la delincuencia organizada que ha permeado en todos los estratos sociales.
La llamada tercera guerra nacional ya supera en muertos y atrocidad a los enfrentamientos armados de 1810 y 1910.
Durante el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, la escalada de violencia en el país ha rebasado nuestra indignación. En parte porque las acciones de gobierno han resultado ineficaces, tras la complicidad de mandos policíacos y políticos encumbrados, en un tejido social destruido y polarizado.
La dicotomía impulsada desde el propio ejecutivo, en nada abona en beneficio de la reconstrucción social, enfrentamiento estéril que ahonda diferencias y entorpece soluciones, que se refleja en la normalización de la violencia. En ocasiones de interés público por su extrema violencia o difusión en redes sociales.
El problema que vivimos millones de mexicanos se refleja en los números de la muerte, que evidencian un sistema caduco y un gobierno rebasado.
Cuando cumpla cuatro años y cuatro meses de mandato el presidente López, en México se habrán cometido más de 160 mil homicidios dolosos, superando las cifras alcanzadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto que acumuló 156 mil.
Además de los asesinatos se sumarán más de 30 mil desaparecidos de este sexenio y se habrán acumulado 100 mil desde el inicio del mandato de Felipe Calderón Hinojosa y que marca el inicio del enfrentamiento armado de instituciones contra la delincuencia organizada.
Pero si las cifras de terror, marcadas con el homicidio doloso y los miles de desaparecidos, deben sumarse más de 350 mil muertos a causa del Covid-19, derivado de una política de salud pública errónea.
En esta danza de números que registran la inseguridad y la muerte, aún se escucha la voz crítica de 36 periodistas asesinados en el presente sexenio, que su ausencia exige justicia en un país en donde la impunidad se pavonea con descaro, más de 95 delitos quedan impunes.
Si culpando al gobierno fuera la solución al problema, no dudaría en su linchamiento inmediato, sin embargo la realidad me obliga a tomar decisiones que mucho tienen que ver con la concordia y el respeto a los adversarios.
La construcción de un futuro inmediato que erradique la polarización en la que se encuentra sumergida la sociedad, en donde los hermanos se colocan en bandos contrarios por su forma de pensar, cuando lo que se requiere, es encontrar las acciones públicas que nos unan, no importando el color de su plumaje o la riqueza que hubieran acumulado.
Unidad y respeto hacia la construcción de acuerdos, porque si se puede.
