lunes, 4 de abril de 2016

Evasión fiscal el escándalo del año

Más de 60 personalidades involucradas en "el escándalo del año".
Entre políticos, artistas, deportistas y reconocidos hombres de negocios suman más de 60 personalidades que este domingo figuran en los medios noticiosos con ocasión de una publicación hecha por El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la cual se los señala de defraudación fiscal y evasión de impuestos. 

En los documentos filtrados se encuentran:
Pilar de Borbón

Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, que mantuvo durante 40 años una sociedad opaca en Panamá.








Leo Messi
Leo Messi, estrella del FC Barcelona, quien compró la empresa panameña Mega Star Enteprises horas después de que Hacienda le acusara de defraudar más de cuatro millones de euros sumando los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 por ocultar sus ingresos por derechos de imagen.





Pedro Almodóvar
Pedro Almodóvar, el cineasta dio de alta mediante el despacho suizo a Unifinter una sociedad llamada Glen Valley Corporation, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en junio de 1991.









Familia Domecq
Familia Domecq, Una docena de miembros de la familia Domecq, una de las más poderosas de Andalucía, entre ellos Micaela Domecq-Beaumont, esposa del ex ministro Miguel Arias Cañete, constaban como autorizados de la empresa panameña Rinconada Investments Group S.A. Con ella gestionaban cuatro cuentas bancarias del Deutsche Bank ubicadas en Ginebra. La empresa se dio de alta en 2005.



Mauricio Macri
Mauricio Macri, el presidente argentino fue directivo de una sociedad de las islas Bahamas -Fleg Trading Ltd.-, aunque no fue accionista de la empresa por lo que no se vio en la obligación de declarar esa actividad. Macri integró desde 1998 la sociedad 'offshore' junto a su padre -el empresario Franco Macri- y su hermano Mariano. Fleg Trading Ltd., una derivación del holding que la familia Macri había creado en Argentina y Brasil, operó hasta 2009.



También están enlistados: Bidzina Ivanishvili (ex primer ministro de Georgia), Ayad Allawi (ex primer ministro de Irak), Ali Abu al-Ragheb (ex primer ministro de Jordania), Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (ex primer ministro de Qatar), Hamas bin Khalifa Al Thani (ex emir de Qatar), Ahmad Ali al-Mirghani (ex presidente de Sudán), Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (presidente de Emiratos Árabes Unidos), Pavlo Lazarenko (ex primer ministro de Ucrania), 

Sigmundur Davio Gunnlaugsson
Sigmundur Davio Gunnlaugsson (primer ministro de Islandia).












Petro Poroshenko
Petro Poroshenko (presidente de Ucrania)












Prominentes empresarios, contratistas, políticos, narcotraficantes, celebridades relacionadas con la política y testaferros mexicanos han creado complejas estructuras en paraísos fiscales para esconder millones de dólares fuera del alcance del fisco y otras autoridades mexicanas.

De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales, asesores fiscales y despacho de abogados, los involucrados hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.
Offshore u offshoring es un término del idioma inglés que literalmente significa "en el mar, alejado de la costa", "ultramar" pero es comúnmente utilizado en diversos ámbitos para indicar el traslado de un recurso o proceso productivo a otro país. En el ámbito empresarial el offshoring se utiliza como sinónimo de deslocalización. Designa la actividad por parte de empresas con sede en un determinado país de trasladar o construir fábricas o centros de producción en otro país, donde por lo general enfrentarán menores costos en mano de obra, menor presión en leyes laborales, menor cantidad de normativas gubernamentales, reducción de otro tipo de costos, u otros beneficios cualesquiera desde el punto de vista del lucro económico para la empresa. En el ámbito financiero se utiliza para referirse a empresas creadas en centros financieros con un nivel impositivo muy bajo (paraísos fiscales), que generalmente se encuentran en islas (de ahí la utilización del término inglés). Estas empresas son usadas para ocultar el propietario o beneficiario de determinados bienes, por varios motivos, como lavado o blanqueo de dinero, ocultación de propiedades en procedimientos de divorcio, ingresos provenientes del peculado. También se utiliza como sinónimo de paraíso fiscal. No todos los Offshore se encuentran físicamente en islas. Andorra, Delaware (EE. UU.) o Suiza son también ejemplos de centros offshore en tierra firme.
Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.

La información fue obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con Proceso en México y más de cien medios asociados en el mundo.

Proceso fue el único medio impreso de México convocado por el ICIJ en la investigación global de 11.5 millones de archivos internos de Mossack Fonseca que duró casi un año. Se realizó bajo estrictas medidas de seguridad del ICIJ por 376 reporteros alrededor del mundo, en el proyecto de colaboración periodística más grande del que se haya tenido registro.

En septiembre pasado, Proceso participó en la reunión internacional en la que se definieron pautas de trabajo. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Süddeutsche Zeitung, en Münich.

Entre los mexicanos que sacan dinero del país, los empresarios son los más activos en la firma panameña. En especial uno, el favorecido contratista del presidente Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú. La estrecha relación del contratista con Peña Nieto fue revelada en noviembre pasado por Aristegui Noticias, el otro medio mexicano convocado por el ICIJ a la investigación.

El dueño del Grupo Higa aparece hasta ahora como uno de los clientes más importantes de México para la firma, de acuerdo con los archivos.

El proveedor de la llamada Casa Blanca de Peña Nieto, en las Lomas de Chapultepec, y de la residencia en Malinalco, Estado de México del secretario de Hacienda, Luis Videgaray –el responsable de la recaudación fiscal en el país–, ha tenido prisa por mandar dinero fuera de México.

En plena tormenta por la revelación de su estrecha relación con Peña Nieto, Hinojosa Cantú buscó en julio del año pasado movilizar más de cien millones de dólares en una compleja red financiera que pasó por varios países.

Esa cifra, que Hinojosa Cantú manifestó como “parte de sus ahorros”, era una muestra de la riqueza que ofreció gestionar a través del despacho panameño que en casi 40 años de existencia está considerado entre los cinco más grandes vendedores en el mundo del secreto de los paraísos fiscales.

Proceso buscó al departamento de Comunicación del Grupo Higa para esta investigación para saber sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. La presidencia de la República también se negó a comentar sobre el tema. Aseguró que se trataba de “un asunto un poco añejo” y remitió a la investigación de la Secretaría de la Función Pública que negó la existencia de conflicto de interés, en agosto pasado, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover su dinero.

El dueño del Grupo Higa destaca junto con otro empresario que la propia firma panameña describe como “una de las personas más poderosas de México gracias a sus empresas”: Ramiro García Cantú, quien ha hecho su fortuna como contratista por más de 30 años al amparo de Pemex.

Tamaulipeco como Hinojosa, Garza Cantú tiene una relación más antigua con Mossack Fonseca, que le ha ayudado a crear una compleja estructura de dispersión de recursos con ramificaciones que van desde Panamá hasta Holanda, Nueva Zelanda y la República de Seychelles, ubicada en las islas del Oceánico Índico, al noreste de Madagascar. La oficina de Garza Cantú tampoco se reportó a la llamada de Proceso.

Algunas de sus principales operaciones de offshore se concentran en el principado de Andorra, un pequeño país al suroeste de Europa, con la ayuda de la empresa IGMASA Managment, implicada en evasión de impuestos en el fútbol europeo.

Otros de los relacionados con Pemex que figuran en el entramado internacional de ocultamiento de dinero son los socios de Oceanografía, empresa que fue favorecida en el gobierno de Felipe Calderón con millonarios contratos con la empresa petrolera paraestatal.

Amado Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio le compraron a Mossak Fonseca tres empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, territorio al este de Puerto Rico, en el Caribe; aunque Amado Yañez aseguró a Proceso que desconoce la existencia de una de ellas, Ceresia, en cuya creación aparece su firma.

Las tres empresas fueron dadas de alta con dirección en Miami, donde vive Martín Díaz, sobrino del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil. Mossack Fonseca, además, abrió otra compañía en el mismo paraíso fiscal para la empresa encargada de pagar los impuestos de Oceanografía a nombre de Fabián Narváez Tovar, quien le brindaba servicios de outsourcing a la contratista.

La suerte de los socios de Oceanografía cambió con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos. Amado Yáñez ahora está en prisión acusado de delitos financieros, mientras que a Martín Díaz y a los hermanos Rodríguez Borgio se les abrió a fines de 2014 un expediente por lavado de dinero en Suiza, según la información obtenida a través de Süddeutsche Zeitung y del ICIJ. En México, ese mismo año se libró una orden de aprehensión al sobrino de Gil Díaz por uso de recursos de procedencia ilícita según los registros judiciales verificados por Proceso en la Procuraduría General de la República (PGR).


Su verdugo, Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex del gobierno de Peña Nieto, buscó también establecer relación con Mossack Fonseca. Antes de integrarse al equipo de Peña, Lozoya fue miembro del Consejo de Administración del Grupo español OHL, en México, otra firma de infraestructura cercana al presidente de la República. En marzo de 2011, Lozoya Austin pretendió crear una sociedad con la firma panameña a través de Dubai.

La información disponible no refiere si se concretó la operación, pero una copia del pasaporte del exdirector general de Pemex está en los archivos de Mossack Fonseca como prueba del acercamiento, ocurrido poco antes de que se integrara como consejero de Infoglobal, una compañía de sistemas de telecomunicaciones en la que participaba el yerno de Juan Miguel Villarmir, dueño de OHL (Proceso 2056).

El Süddeustche Zeitung recibió la información interna de Mossack Fonseca de manera anónima y la compartió con el ICIJ, la red internacional de periodistas con sede en Washington que organizó la colaboración global.

El historial del ocultamiento del dinero a través de la firma panameña es largo, como lo indican los 2.6 terabytes de información contenida en correos electrónicos, documentos e imágenes, que abarcan prácticamente toda la historia del despacho panameño, desde su creación en 1977 hasta diciembre de 2015.

En la revisión de los documentos participaron reporteros de 76 países y 109 organizaciones periodísticas. Mossack Fonseca se encuentra entre los rascacielos corporativos de la zona bancaria de la ciudad de Panamá. Pero el despacho apenas ocupa una parte de un edificio de tamaño modesto de vidrios polarizados, que comparte con la clínica odontológica Arango Orillac, en la pequeña calle 54 del barrio Obarrio, a una cuadra y media de la torre de BBVA Bancomer conocida como “el tornillo”, como constató Proceso en una visita al lugar en marzo pasado.

A diferencia de otros despachos y firmas de abogados panameños, los cuales suelen anunciarse de manera ostentosa en la avenida 50 –una de las vías más importantes de la ciudad–, Mossack Fonseca adoptó un perfil muy discreto, de tal forma que nadie creería, al pasar frente al edificio, que ahí se abrieron 214 mil 488 entidades offshore a través de las cuales circulan millones de dólares cada día.

En respuesta a cuestionamientos durante la investigación periodística, Mossack Fonseca aseguró que sus servicios son legales. Sin embargo, la práctica de la firma ha permitido esconder dinero cuyo origen se desconoce, incluidos lavadores de dinero del narcotráfico y vendedores de armas.

Los estándares de revisión y supervisión comprendidos en lo que se conoce como debida diligencia son prácticamente inexistentes cuando se trata de grandes negocios. Fue el caso de Hinojosa Cantú y de una empresa que gestionó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con el primero, desestimó las evidencias sobre su relación con el presidente Peña Nieto, a pesar de que sus propias reglas lo ubican en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés). Con tal de quedarse con Hinojosa, que entra en la categoría de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés) por tener activos que rebasan los 30 millones de dólares, los agentes de la firma panameña atribuyeron la información contraria al dueño de Grupo Higa a versiones periodísticas promovidas “por su principal competidor”, el empresario Carlos Slim, por medio del diario The New York Times.
Cronología asociada con Joaquín El Chapo Guzmán
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La misma falta de rigor mostró el despacho panameño en el caso del colombiano Juan Pablo Londoño cuando en 2007 le creó la compañía Monedeux International Services Inc. Sólo después de cinco años Mossack Fonseca decidió retirarse como agente registrador cuando ya era pública la información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos en el sentido de que la compañía estaba relacionada con Jorge Milton Cifuentes Villa, socio de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.

En la creación de Monedeux, Mossack Fonseca se había conformado con una carta de un certificador desde Medellín, Colombia, en la que le dijo, en octubre de 2006, que Londoño movía 500 millones de pesos colombianos al mes.

Entre los familiares de políticos a los que Mossack les abrió la puerta sin mayor cuestionamiento se encuentra el empresario Omar Yunes Márquez, hijo del diputado federal del PAN y candidato de ese partido al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

El empresario avanzó en la creación de un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que estarían como beneficiarios él y su esposa. La operación no llegó a llevarse a cabo porque el hijo de Yunes desistió, pero el departamento de debida diligencia de Mossack Fonseca nunca alertó que la ley en México considera como PEP expuesto a familiares hasta cuarto grado y Yunes Márquez es hijo de un político y hermano de otros dos, el actual senador del PAN Fernando Yunes Márquez y el exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunez Márquez.

Carlos Sousa, director de Relaciones Públicas de Mossak Fonseca, asegura que sus clientes llegan a través de despachos de abogados e instituciones financieras, incluidas sucursales de grandes bancos.

Consultado por Proceso, Sousa aseguró que Mossack Fonseca trabaja “con muy pocos” PEP debido a que la regulación internacional la considera de “alto riesgo”. Para la firma panameña, no es el caso de Hinojosa Cantú: “Hice la búsqueda referente a la persona que usted refiere y según World Check y World Compliance no está calificado como PEP. Además, los PEPs no deben ser rechazadas simplemente por serlo; sencillamente es una cuestión de un análisis y administración apropiados de riesgo”.

Respecto al caso de las dos personas señaladas por Estados Unidos como integrantes del CJNG, dijo que si después de vender una compañía es listada por la OFAC, “se hacen los respectivos reportes y se comienza el proceso de renuncia, a menos que los reguladores (autoridades) den una instrucción”, respondió por escrito.

Aseguró que las personas utilizan las estructuras financieras de Mossack Fonseca “para temas totalmente válidos y legales, siendo probable que en algún momento alguna haya sido utilizada para asuntos incorrectos, y en caso que ocurra, cooperamos totalmente con las autoridades”.

De acuerdo con la documentación interna de la firma, sólo hay un caso mexicano en el que dijo que no: el de Carlos Hank Rhon, accionista mayoritario del Grupo Financiero Interacciones. En febrero de 2015, en otra investigación internacional conocida como Swiss Leaks, el ICIJ dio a conocer que Hank Rhon tenía depositados 150 millones de dólares en Suiza en operaciones que tenían el propósito de evadir impuestos o esconder el dinero.

La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debió al tamaño del desprestigio de su familia luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió a mediados de los años noventa la llamada Operación Tigre Blanco.

Sin embargo, Interacciones Casa de Bolsa, propiedad de Hank Rhon, aparece en los archivos de Mossak Fonseca como un “prospecto de cliente” en 1996, cuando estaba en marcha la investigación estadunidense contra la familia de Carlos Hank González, fundador del grupo político Atlacomulco, Estado de México, del que surgió el presidente Peña Nieto.

En la práctica, un “cliente” de Mossack Fonseca es un intermediario entre la firma panameña y el beneficiario final, verdadero dueño de las compañías creadas para esconder el dinero. En esa misma condición de prospectos de clientes de México aparecieron, en 1986, la firma Pricewaterhouse Coopers y, sin fecha, el Dresdner Bank Latinamerika, un banco que tiene su sede en Fráncfort, Alemania.

Los documentos muestran a un peculiar prospecto de cliente mexicano: Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el ente de la secretaría de Hacienda directamente encargado del pago de impuestos. Trujano trabaja en la Administración General de Grandes Contribuyentes, en la Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia.

Con su correo electrónico oficial del SAT y una dirección particular en Iztapalapa, los registros de Mossack Fonseca lo tenían como “prospecto” de intermediario en enero de 2013. En conversación con Proceso, Trujano aseguró desconocer porque su nombre estaba en los registros de la firma panameña, de la que también dijo no saber a qué se dedica.

El ocultamiento del dinero no sería posible sin la participación de los bancos, empezando por los más grandes a nivel mundial, que fungen en muchos casos como accionistas en las empresas creadas en los offshore. Para el caso de México, los archivos muestran la presencia de Santander Private Banking, HSBC Private Banking, Credit Suisse First Boston y la calificadora Merril Lynch.

Los despachos mexicanos han sido un gran activo para la firma panameña. Son quienes la ponen en contacto con los dueños del dinero. Tan sólo en 2010, envió regalos de Navidad a 310 despachos mexicanos. De acuerdo con la información, una de las firmas mexicanas que más ha recurrido a sus servicios es Doporto & Asociados, encabezado por el abogado Luis Doporto Alexandre. A través de una empresa de servicios financieros de Holanda, Infintax, Doporto y Asociados ha creado complejas estructuras de sociedades, fideicomisos y fundaciones en distintas jurisdicciones internacionales que han tenido repercusión en la reorganización del sector farmacéutico en México.

Una muestra de ello: en junio pasado, el despacho tuvo un papel central en la venta de Grupo Marzam por parte de Genomma Lab. El fondo holandés Moench Coöperatief compró el 50 por ciento más una de las acciones del segundo mayor grupo dedicado a la distribución de medicinas en el territorio nacional, por lo cual desembolsó mil 350 millones de pesos.

Detrás del fondo holandés se encontraban el propio Luis Doporto, junto con el financiero venezolano Carlos Rafael Dorado, y los también financieros de origen suizo Karl Frei y Patrick Wyss. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) aprobó la compra, al aseverar que ésta no afectaría las reglas del libre mercado en el sector farmacéutico.

Sin embargo, la compra de Grupo Marzam se realizó con recursos de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, el dueño de Grupo Nadro, líder en el sector de la distribución de medicinas. En declaraciones a Proceso, Doporto reconoció la participación de Matarazzo, pero aseveró que la mujer solamente le prestó a él recursos para la operación de compra y negó que con ello su esposo se haya apoderado de su rival directo.

El abogado Luis Doporto Alexandre, de 41 años, es esposo de Melissa Flores Alcántara, hija de Aurora Alcántara Rojas, actual pareja del exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab. Aurora Alcántara es hermana de Roberto, el dueño de Grupo Toluca, que congrega a empresas de transporte terrestre, y VivaAerobus México. Al inicio de su gobierno, Peña Nieto le dio un contrato a Roberto Alcántara por cuatro mil millones de pesos para el cobro de peaje en la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe) (Proceso 1974).

Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones.

En las estructuras de Doporto & Asociados creadas con Infintax, también tiene una participación destacada Guillermo Vogel Hinojosa, excuñado de José Murat, padre del actual candidato al gobierno de Oaxaca, Alejandro Murat, quien este domingo inicia su campaña a gobernador del mismo estado.

Además de intermediario, Luis Doporto Alexandre es uno de los beneficiarios finales de fideicomisos abiertos por Mossack Fonseca, en los que Aurora Alcántara aparece como protectora sustituta.

El espectáculo vinculado a la política mexicana tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca. La actriz Edith González Fuentes aparece como beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. González está casada con Lorenzo Lazo Margain, director jurídico del despacho Alemán Velasco y Asociados. Este bufete pertenece a Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de la República, Miguel Alemán Valdes. Alemán Velasco ha sido socio de Televisa, gobernador de Veracruz y es dueño, entre otras empresas, de la aerolínea Interjet. Lazo Margain no respondió a las llamadas de Proceso. González fue además pareja del exsecretario de Gobernación del PAN, Santiago Creel Miranda. Durante gran parte de su carrera ha sido actriz de Televisa, aunque desde 2010 trabaja para TV Azteca.

Del sector empresarial, Mossack Fonseca facilitó a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) la creación en Panamá de una compañía llamada Carlyle Techonologies Corporation que ha servido para la triangulación de recursos de la empresa mexicana desde 2006, cuando AHMSA ya estaba en quiebra. Empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, AHMSA todavía movilizó recursos en diciembre de 2015, de acuerdo con los archivos filtrados.

La relación del despacho panameño con clientes mexicanos en busca de paraísos fiscales data por lo menos de hace 30 años, cuando le abrió la puerta a narcotraficantes para crear empresas offshore, en momentos en que salían del país millones de dólares por la crisis económica en el gobierno de Miguel de la Madrid.

En la primera mitad de los años 80, en pleno auge del cartel de Guadalajara, Mossack Fonseca creó dos empresas para uno de los principales líderes de esa organización, Rafael Caro Quintero.

Uno de los socios del despacho panameño, Ramón Fonseca, fue el agente residente y presidente de la sociedad Compañía Monte Carlo S.A., propiedad del narcotraficante sinaloense. Caro Quintero pasó 28 años en prisión y fue liberado sin cargos en 2013. Tras unos meses de breve libertad, está de nueva cuenta en condición de prófugo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtiera la orden de liberación. En los ochenta Mossack Fonseca también creó la compañía Financiera Monte Carlo S.A. para Caro Quintero.

La relación del despacho panameño con narcotraficantes mexicanos no termina ahí. En 2012 abrió una empresa en Uruguay para Wendy Amaral Arévalo y Gerardo González Valencia, boletinados por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según las autoridades de México y Estados Unidos, esa organización delictiva es una de las más poderosas en la actualidad.

Otro poder fáctico de México tampoco ha sido ajeno para Mossack Fonseca: las televisoras. En 2005, entró en contacto con el despacho Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes, del que fue fundador el actual vicepresidente de Finanzas de Televisa Alfonso de Angoitia. El despacho le ofreció a Mossack Fonseca integrar a su cartera a importantes empresarios de México, como Emilio Azcárraga Jean, presidente de Televisa. Uno de los productos de Mossack Fonseca que más le interesó al despacho del ahora ejecutivo de la televisora fue la creación de fundaciones.

Angoitia admitió haber adquirido esta empresa en Bahamas “con el propósito de comprar un departamento y una membresía en un club de buceo náutico ubicado precisamente en Bahamas, deporte que practica desde hace muchos años”. Pero aseguró que se trató de una “adquisición pública y transparente”, por lo que le negó relevancia al tema, según respondió el ejecutivo de Televisa a Aristegui Noticias a través del vocero de la empresa, Alejandro Olmos.

El presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca Ricardo Benjamín Salinas Pliego también usó una compañía offshore creada en Islas Vírgenes con la firma panameña para la compra de un yate.

Entre los prominentes hombres de negocios que han entrado al secreto mundo de la movilización de capitales está Guillermo Cañedo White, exejecutivo de Televisa y vicepresidente de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), entre 2007 y 2012. Ese periodo está bajo investigación de la justicia de estados Unidos como parte de la corrupción de la Federación Internacional de Futbol (FIFA).

Uno de los socios de Cañedo White es otro de los mexicanos con una amplia relación con Mossack Fonseca, Ángel Remigio González González. Dueño de medios de comunicación en Centro y Sudamérica, el empresario conocido como El Fantasma, por su reiterada negativa a aparecer en público, es socio de Cañedo White en una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas. Ninguno se reportó a los llamados del semanario.

También del sector de las telecomunicaciones aparece el empresario y coleccionista de arte José Antonio Pérez Simón, quien creó empresas junto con su hija. Formó parte del Grupo Carso de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo.

Aunque miembros prominentes de la actual clase política mexicana no aparecen en el historial reciente de Mossack Fonseca, el contratista Hinojosa Cantú es considerado en la investigación periodística internacional como uno de los latinoamericanos poseedores de offshore con más relevancia política. Su nombre está al lado del presidente argentino, Mauricio Macri, quien está en la lista de doce líderes mundiales que crearon compañías offshore a través de la firma especializada de Panamá.

Consultada por Proceso y el grupo periodístico McClatchy Newspapers de Estados Unidos, la presidencia de la República se negó a dar comentarios sobre la relación personal de Peña Nieto con Hinojosa Cantú. Sólo remitió a lo dicho por el secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade. Paulo Carreño King, de la oficina Marca País y Medios Internacionales de la Presidencia de la República, le respondió a la cadena estadunidense, el pasado miércoles 30, que se trataba de un asunto pasado y remitió a los informes de la SFP sobre “el presunto conflicto de interés”.

La mayoría de los líderes mundiales que han escondido dinero en los paraísos fiscales son árabes. Entre ellos, el rey de Arabia Saudita, H.R.H Prince Salma; el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Khalifa Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, y el exprimer ministro de Iraq, Ayad H. Allawi.

Además del Primer Ministro de Islandia, Sigmund David Gunnlaugsson y el presidente de Ucrania, el empresario Petro Poroshenko, figuran empresarios cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin. La investigación de este caso en particular realizada por el ICIJ, medios europeos y rusos arrojó que los cercanos a Putin ocultaron dos mil millones de dólares por medio de Mossack Fonseca. También está la familia del poderoso presidente de China Xi Jinping.

En total, fueron identificados 12 líderes, 128 políticos y altos funcionarios públicos de todo el mundo, así como 58 familiares y socios de presidentes, primeros ministros o reyes.

En el caso de México, uno de los políticos mencionados como beneficiario de una de las empresas offshore es el exdiputado local de Chiapas y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tuxtla Gutiérrez, Noé Fernando Castañón Ramírez, hijo del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exsecretario general de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León.

La ausencia de nombres de políticos mexicanos no significa que no sean beneficiarios de sociedades a través de familiares o prestanombres. El extitular de la Procuraduría Fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona asegura que los políticos mexicanos tienen mucha experiencia en esconder su dinero en paraísos fiscales ante la falta de control gubernamental.

Dice que con las triangulaciones y las complejas estructuras financieras lo que se busca es perder la identidad de los dueños del dinero a través de números y en las que las partes involucradas no se conocen unas a otras. Subraya que en esas operaciones en las que la información está en compartimientos, ya no hay movimiento de dinero, sino generación de derechos. Ahora todo se hace en la nube, pero en este caso se trata de una “black cloud”, ironiza.

Mossack Fonseca tenía un problema en Las Vegas.

Documentos legales provenientes de una corte de distrito en Las Vegas aseveran que el despacho panameño creó 123 compañías en Nevada, las cuales fueron usadas por un cercano al expresidente de Argentina Néstor Kirchner para desviar millones de dólares provenientes de contratos gubernamentales.

Mediante un citatorio se solicitó a Mossack Fonseca entregar detalles sobre todo el dinero que había circulado a través de estas compañías.

Mossack Fonseca no quería proporcionar la información. Para una firma global, especializada en instalar compañías offshore difíciles de rastrear, la confidencialidad es una prioridad.


El despacho intentó bloquear el citatorio al negar que sus operaciones en Las Vegas, que realizaba una empresa llamada M.F. Corporate Services (Nevada) Limited, formaban parte del grupo Mossack Fonseca.

Jürgen Mossack, cofundador del despacho panameño, testificó bajo juramento que “MF Nevada y Mossack Fonseca no tienen relación de empresa madre-filial, ni tampoco Mossack Fonseca controla los asuntos internos u operaciones diarias de los negocios de MF Nevada”.

Sin embargo, los documentos secretos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el periódico alemán Süddeutsche Zeitung y más de 100 medios asociados siembran dudas sobre este testimonio jurado.

No sólo muestran que la subsidiaria de Nevada pertenecía por completo a Mossack Fonseca sino que, de manera escondida, la firma actuó para eliminar los registros potencialmente dañinos de los celulares y computadoras con el afán de proteger los detalles de sus clientes del sistema judicial estadunidense.

Un correo electrónico de 2014, por ejemplo, dio la instrucción de que cualquier vínculo entre el centro de datos informáticos de Mossack
Fonseca en Panamá y la filial de Nevada “debe ser escondido a los investigadores”.

Otros correos reportan que los especialistas en tecnologías de la información “intentaron limpiar los registros de las computadoras de la oficina de Nevada” a distancia mediante “una sesión remota para eliminar los rastros de acceso directo a nuestro centro de datos”.

Los documentos muestran incluso que un empleado del despacho viajó de Panamá hacia Las Vegas para sacar documentos del país. “Cuando Andrés llegó a Nevada limpió todo y trajo los documentos a Panamá” dice un correo fechado el 24 de septiembre de 2014.

En los comentarios a ICIJ, Mossack Fonseca negó “categóricamente” haber escondido o destruido documentación útil a una investigación o litigación en curso.

Los más de once millones de documentos obtenidos por el ICIJ –correos electrónicos, cuentas bancarias y archivos de clientes—representan el trabajo interno de Mossack Fonseca durante cerca de 40 años, desde 1977 hasta diciembre de 2015. Revelan los bienes offshore de individuos y compañías originarios de más de 200 países.

Exhiben, un ejemplo tras otro, las acciones ilegales o poco éticas de sus clientes y retratan al despacho como una compañía dedicada a actuar como guardián de los secretos de sus clientes, incluso de los que fueron señalados como ladrones, integrantes de la mafia, narcotraficantes, políticos corruptos o evasores de impuestos.

Y los documentos demuestran que el negocio ha sido bueno.

Hoy, se considera que Mossack Fonseca es uno de los cinco mayores vendedores de secrecía offshore. Tiene más de 500 empleados y colaboradores en más de 40 filiales repartidas en el mundo. Entre ellas, tres se encuentran en Suiza y ocho en China. En 2013, las facturas que emitió se elevaron a 42 millones de dólares.

Mossack Fonseca respondió a las preguntas que surgieron a raíz de los hallazgos del ICIJ: aseveró que “durante 40 años Mossack Fonseca ha operado sin reproche (…) nuestro despacho nunca ha sido acusado ni condenado en hechos relacionados con actividades criminales”.

Carlos Sousa, el vocero del despacho, dijo que la firma “solamente ayuda sus clientes a incorporar empresas”.

Esto no equivale a “establecer vínculos comerciales u orillar de cualquier manera las empresas creadas”, precisó.

El origen

La historia de Mossack Fonseca empezó en 1986, cuando Ramón Fonseca fusionó su pequeño despacho, el cual contaba con un sólo secretario, con otra firma local dirigida por Jürgen Mossack, un panameño de origen alemán.

“Juntos”, dijo Monseca a un periodista, “hemos creado un monstruo”.

Ambos tenían pedigrís internacionales y referencias en los mundos del dinero, del poder y de la secrecía.

Fonseca nació en 1952 en Panamá. Estudió derecho y ciencias políticas en la Universidad de Panamá y en la London School of Economics. De joven, recordó una vez, tenía la esperanza de salvar al mundo. Primero aspiró a ser obispo y luego trabajó durante seis años en las Naciones Unidas en Ginebra.

“No salvé nada, no hice ningún cambio”, recordó en un programa de televisión en 2008. “Así que decidí, cuando me volví un poco más maduro, dedicarme a mi profesión, tener una familia, casarme y tener una vida normal. Al envejecer se vuelve uno más materialista”.

Mossack nació en Alemania en 1948. Él y su familia se trasladaron a Panamá a inicios de los años 60, según su socio.

Durante la segunda guerra mundial, el padre de Mossack integraba la Waffen SS, el brazo militar del partido nazi, según archivos de inteligencia estadunidenses obtenidos por ICIJ.

Después de la guerra, el padre ofreció al gobierno estadunidense sus servicios como informante, de acuerdo con los documentos. Aseveró que “estaba por unirse a una organización clandestina, anteriormente conformada por nazis, quienes se convirtieron en comunistas”. Un agente de inteligencia escribió que su oferta como espía podría ser un simple “intento inteligente de salirse de una situación difícil”.

Los antiguos archivos de inteligencia indican que el padre de Mossack terminó en Panamá, donde ofreció sus servicios de espionaje –esta vez para la CIA– sobre la actividad comunista en la cercana isla de Cuba.

Tras obtener su título de derecho en Panamá en 1973, el hijo trabajó un tiempo como abogado en Londres y luego regresó a Panamá. Abrió el despacho que más tarde fusionaría para formar Mossack Fonseca & Co.

Hoy, los dos socios se mueven en los círculos más altos de la sociedad panameña.

Paralelo a su vida de abogado, Fonseca es un escritor premiado. Entre sus libros destaca “Mister Politicus”, un thriller político que “articula los procesos enredados que utilizan los funcionarios poco escrupulosos para ganar poder y alcanzar sus detestables ambiciones”, según su portal literario.

Fonseca conoce el mundo de la política a través del trabajo que desempeñó hasta fechas recientes: asesor de alto nivel de Juan Carlos Varela, el presidente panameño.

A inicios de marzo, Fonseca hizo pública su decisión de pedir una licencia temporal de su puesto de asesor, ante las alegaciones de que la oficina de Mossack Fonseca en Brasil estaba involucrada en el creciente escándalo de sobornos y lavado de dinero en Petrobras, la empresa petrolera estatal brasileña. Aseveró que tomó esa decisión “para defender mi honor, mi firma y mi país”.

Desmintió cualquier involucramiento en actividades ilícitas durante una entrevista televisiva. Empleó una analogía que su despacho había utilizado antes: dijo que si una empresa offshore está mal utilizada, la firma no es más culpable que lo sería una fábrica de automóviles que construyó un coche utilizado en un robo.

Mossack integra el prestigioso Club Union, en el que su hija Nicole fue “iniciada” en 2008. También se desempeñó en el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores de Panamá (Conarex) entre 2009 y 2014.

Los bienes de Mossack, de acuerdo con los documentos obtenidos por el ICIJ, incluyen una plantación de teca y otros bienes inmobiliarios, un helicóptero ejecutivo, un yate llamado Rex Maris y una colección de monedas de oro.

Abriendo camino en las Islas Vírgenes

La fusión que creó Mossack Fonseca llegó en un momento difícil en la historia de Panamá. El país enfrentaba un periodo de inestabilidad política y económica bajo la dictadura militar de Manuel Noriega. Se acumulaban las evidencias de su participación en actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas.

En 1987, Mossack Fonseca realizó su primer gran paso hacia el exterior: estableció una filial en las Islas Vírgenes Británicas, pocos años después de la aprobación de una ley que facilitó el establecimiento de empresas offhsore en ese territorio. La ley planteaba, entre otros, que no era necesario hacer públicos los nombres de los dueños y de directores de estas compañías.

“Mossack Fonseca fue el primer despacho panameño que llegó a las Islas Vírgenes y los demás siguieron”, dijo Rosemarie Flax, la directora de gestión de Mossack Fonseca, a un periódico de las Islas Vírgenes en mayo de 2014.

Hoy, más del 40 por ciento de las empresas offshore en el mundo está domiciliado en las Islas Vírgenes. Una de cada dos empresas que aparecen en los archivos de Mossack Fonseca –los cuales incluyen cerca de 113 mil entidades offshore— fue incorporada en la pequeña isla caribeña.


Mossack Fonseca realizó otro paso significativo en 1994.

Ayudó a la pequeña nación de Niue –un afloramiento corralero del Pacífico Sur en el que viven menos de 2 mil personas—a redactar una legislación favorable a la incorporación de empresas offshore. El despacho eligió Niue porque quería una ubicación en la zona horaria de Asia Pacífico, donde no tenía competidores, dijo Mossack Fonseca a la Agencia France Presse. “Al tener una jurisdicción pequeña, y la tuvimos desde un principio, pudimos ofrecer un entorno y precios estables a la gente”.

El despacho firmó un acuerdo de 20 años de duración con ese gobierno, el cual le otorgó los derechos exclusivos de registrar empresas offshore en Niue. Hecho importante: Niue ofrecía documentos de registro en caracteres chino y cirílico, lo que le hacía seductivo para los clientes chinos y rusos.

En 2001, Mossack Fonseca hacía tantos negocios en Niue que pagaba el equivalente a 1 millón 600 mil dólares del presupuesto gubernamental, el cual se proyectaba a dos millones de dólares.

Pero las relaciones íntimas del despacho y la nación isleña empezaron a atraer miradas indeseadas.

Ese año, el Departamento de Estado estadunidense cuestionó los “acuerdos torpes” entre Niue y Mossack Fonseca, y advirtió que la industria offshore de ese país fue “vinculada con el lavado de dinero de origen criminal de Rusia y Suramérica”.

El Equipo de Acción Financiera, una organización intergubernamental creada para combatir el lavado de dinero, puso a Niue en la lista negra de las jurisdicciones que no tomaban acciones para prevenir el lavado de dinero, con lo que la amenazó en aplicarle sanciones económicas.

Aunque Mossack negó que Niue estuviera involucrada en lavado de dinero, en 2001 el banco de Nueva York y Chase Manhattan impusieron embargos sobre las transferencias en dólares hacia Niue. En 2003, el gobierno de la isla negó la renovación de cuatro empresas incorporadas por Mossack Fonseca y señaló que cerraría la franquicia exclusiva del despacho.

Moviendo operaciones

Perder Niue no frenó a Mossack Fonseca. Simplemente movió sus operaciones, al urgir sus clientes –dueños de empresas en Niue– a incorporarlas nuevamente en la cercana isla de Samoa.

El cambio formó parte del padrón de comportamiento del despacho, que destacan los documentos obtenidos por el ICIJ: cuando algunas acciones legales han estorbado los servicios de Mossack Fonseca, éste se ha adaptado con rapidez y ha encontrado nuevos lugares para trabajar.

Así, cuando las Islas Vírgenes Británicas aplicaron medidas severas contra las acciones al portador en 2005, Mossack Fonseca trasladó ese negocio específico a Panamá.

Las empresas que tienen acciones al portador no publican los nombres de sus propietarios. Quiénes las tienen en las manos son sus dueños. Durante mucho tiempo fueron consideradas como un instrumento para lavar dinero y perpetrar otros ilícitos, por lo que desaparecieron poco a poco a nivel global. En algunas jurisdicciones siguen permitidas, aunque sujetas a mayores restricciones.

La capacidad de Mossack Fonseca en trasladar sus negocios se traduce en un disparo de incorporaciones de empresas en una de estas jurisdicciones, la isla caribeña de Anguilla, en la que se duplicó el número de empresas offshore entre 2010 y 2011. Anguilla es ahora una de las cuatro jurisdicciones más importantes para Mossack Fonseca.

El despacho también expandió sus operaciones para satisfacer las necesidades adicionales de sus clientes, incluso hacia los servicios de registro de aviones y yates privados.

De acuerdo con los documentos del despacho, en 2006 amplió su oferta de servicios hacia la gestión de las finanzas de algunos clientes o, como lo describió la firma, en “el manejo discrecional de portfolios”.

Según los documentos, entre 2007 y 2015 la oficina de gestión de bienes de la firma –llamada Mossfon Asset Management S.A., o MAMSA–, realizó más de 4 mil 700 transacciones por un monto superior a mil 200 millones de dólares.

MAMSA trabajó con distintos bancos. Por lo menos dos de ellos fueron investigados por lavado de dinero. Se trata de Banca Privada d’Andorra, señalada por lavar dinero de poderosos grupos criminales en un informe del Departamento del Tesoro estadunidense de 2015, y de Deutsche Bank Switzerland, cuya filial fue investigada por las autoridades británicas y estadunidenses ante supuestas acciones de lavado de dinero para clientes rusos. El Departamento del Tesoro estadunidense retiró sus observaciones a Banca Privada d’Andorra el pasado 19 de febrero, al aseverar que “ya no opera de tal manera que represente una amenaza para el sistema financiero estadunidense”.

Los hermanos Ramon e Higini Cierco, exdirectores y accionistas mayoritarios del banco, aseveraron que la acción del Tesoro no aguantaría un proceso judicial y que las alegaciones se basaron en casos que las autoridades regulatorias de Andorra “conocían desde hace años”.

La sede del despacho Mossack Fonseca en Panamá. Foto: Mathieu Tourliere / Procesofoto
La sede del despacho Mossack Fonseca en Panamá. Foto: Mathieu Tourliere / Procesofoto
Secrecía en venta

Los documentos muestran que, además de la Deutsche Bank, el despacho trabaja con algunas de las instituciones financieras más importantes del planeta como HSBC, Société Générale, Crédit Suisse, UBS y Commerzbank. A veces ayuda a los clientes de los bancos a armar estructuras complejas que hacen difícil para los investigadores seguir la pista del flujo de dinero de un lugar hacia otro.

Mossack Fonseca aseveró que la aseveración según la cual el despacho crea estructuras diseñadas para ocultar la identidad de los dueños de empresas es “totalmente sin sustento y falsa”.

Société Générale y Crédit Suisse insistieron en el énfasis que hacen en el cumplimiento fiscal y plantearon que vigilan los casos de fraude o lavado de dinero. Crédit Suisse dijo que desde 2013 ha puesto en marcha programas que obligan a los clientes privados proveer evidencias de cumplimiento fiscal. El banco aseveró que rompe sus relaciones con los clientes que no presentan estas pruebas.

“Estas alegaciones son históricas, algunos de los casos tienen más de 20 años y depredan las reformas significativas y ampliamente difundidas que hemos implementado en los años recientes”, dijo Rob Sherman, un vocero de HSBC en Nueva York.

UBS aseveró que conoce la identidad de todos los dueños de las empresas con las que trabaja. Añadió que aplica reglas estrictas contra el lavado de dinero. Deutsche Bank recordó que llegó a un arreglo con el Departamento de Justicia estadunidense el 24 de noviembre pasado: pagó 31 millones de dólares para evitar que las autoridades lo investiguen en un caso de evasión de impuestos hacia bancos suizos.

Commerzbank dijo que no emitiría ningún comentario al respecto.

Los verdaderos dueños de las cuentas bancarias que están registradas a nombre de empresas offshore anónimas pueden esconderse detrás de los llamados “directores nominados”, los directores de papel que habilita Mossack Fonseca.

Según la cantidad de dinero que paga el cliente, las estructuras pueden involucrar a más de una jurisdicción y más de una empresa anónima, lo cual hace todavía más difícil la identificación de los verdaderos dueños.

En Panamá, el catálogo de productos de Mossack Fonseca incluye fundaciones privadas, las cuales no pagan impuestos y operan bajo una ley que no obliga a revelar los nombres de los fundadores o de los beneficiarios.

Entre las demás actividades halladas en los documentos destaca la práctica de cambiar y posfechar documentos cuando un cliente enfrenta situaciones difíciles. Mossack Fonseca también permite ocultar bienes en fundaciones incorporadas en Panamá. Uno de los métodos para lograrlo consiste en presentar instancias sin fines de lucro como beneficiarios, como el Fondo Mundial para la Vida Salvaje (WWF, por sus siglas en inglés) y posteriormente cambiar el beneficiario.

Mossack Fonseca aseguró que posfechar documentos es una práctica común en la industria, la cual refleja la fecha de una decisión tomada previo a su registro oficial. Dijo que su objetivo “no consiste en encubrir actos ilegales”.

En un caso, el despacho ayudó a un escritor de Nueva York a esconder un millón de dólares de las autoridades tributarias estadunidenses. Le proveyó una “persona natural nominada” –un hombre de paja que trabajaba para Mossack Fonseca– quien pretendió ser el dueño de una cuenta de inversión en el banco HSBC de Guernsey.

“No proveemos servicios beneficiarios para engañar bancos”, dijo Mossack Fonseca en una respuesta escrita al ICIJ.

Más buscado

Pese que Mossack Fonseca repite en público que “lleva a cabo (revisiones de) diligencia debida exhaustiva para verificar la legitimidad de cada uno de (sus) clientes” y dice que nunca trabajaría con políticos activos, criminales u otros personajes oscuros, los documentos internos del despacho pintan un cuadro distinto.

Un análisis del ICIJ encontró, entre otros, que Mossack Fonseca trabajó con por lo menos 33 compañías y personas que aparecían en la lista negra de las autoridades estadunidenses por sus supuestas actividades relacionadas con terrorismo, narcotráfico o porque hicieron negocios con países vetados como Irán o Corea del Norte.

Mossack Fonseca dijo que “no fomenta ni promueve acciones ilegales” y “nunca permitió a sabiendas que se usaran sus compañías” en actividades relacionadas con gobiernos sancionados. En la mayoría de los casos, la obligación de vetar clientes recae en los bancos, despachos y otros intermediarios que son el vínculo entre la firma panameña y los beneficiarios finales, añadió.

Los documentos muestran que Mossack Fonseca ha realizado cálculos para determinar si valía la pena continuar su relación con los clientes que aportaban grandes ingresos para la empresa, incluso cuando estaban tachados por las autoridades.

En otros casos, los procedimientos laxos de Mossack Fonseca permitieron a individuos de la lista negra pasar inadvertidos sin que el despacho siquiera supiera con quién hacía negocios.

En un episodio que involucró a Rafael Caro Quintero, el exjefe del cártel de Guadalajara, las acciones del despacho fueron tomadas con una consideración aparentemente más visceral: el miedo.

Las autoridades detuvieron a Caro Quintero en Costa Rica en 1985 por el homicidio de Enrique “Kiki” Camarena, un agente de la oficina antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés). Fue extraditado a México y condenado a 40 años de reclusión en 1989. El gobierno mexicano confiscó su fortuna, incluso una propiedad que pertenecía a una empresa offshore incorporada por Mossack Fonseca. La donó al gobierno costarricense, el cual la pasó a su vez al Comité Olímpico Nacional de Costa Rica.

Los documentos muestran que en marzo de 2005, funcionarios del Comité Olímpico costarricense pidieron a Mossack Fonseca su apoyo para obtener el título de la propiedad.

Un abogado de Mossack Fonseca escribió en un correo electrónico interno que “parece que el verdadero propietario del bien inmobiliario, y por lo tanto de la empresa, era el narcotraficante Rafael Caro Quintero”.

Mossack, uno de los tres directores registrados en la empresa, no estaba interesado en caer en el lado malo de Caro Quintero.
“Comparado con Quintero, ¡aun Pablo Escobar era un bebé!”, redactó en un intercambio de correos, que desembocó en su resignación como representante del offshore de Caro Quintero. “No quiero ser de los que Quintero visite al salir de la cárcel”.

En 2013, Caro Quintero fue liberado por argumentos jurídicos técnicos y desapareció de inmediato. Permanece prófugo y apareció de nuevo en la lista de las personas más buscadas de Interpol.

Jugando la defensiva

A pesar de la notoriedad de algunos de sus clientes, Mossack Fonseca logró mantener un perfil significativamente bajo. En 2012, The Economist le calificó como “el reservado Mossack Fonseca” en un artículo sobre los intermediarios offshore.

El mismo año, en junio de 2012, el despacho contrató los servicios de Mercatrade, S.A., una empresa especializada en “gestión de reputación en línea”, según los documentos.

El contrato prometía lavar la imagen de Mossack Fonseca al eliminar las entradas negativas en Internet relacionadas con 12 palabras clave en inglés y español: “Lavado de dinero, lavado de activos, evasión fiscal, fraude fiscal, delito, tráfico de armas, money laundering, tax evasion, tax fraud, dirty money, scandal, escándalo”.

Mossack Fonseca ha contratado a Burson Marsteller, una de las agencias de relaciones públicas más poderosas del mundo, la cual representó clientes controversiales como los dictadores de Argentina, Indonesia o Rumania, así como a la empresa Union Carbide después de una explosión química mortal en Bhopal, India.

Pese a sus esfuerzos de relaciones públicas, algunos países intensificaron su escrutinio de las prácticas de Mossack Fonseca.
En 2012 y 2013, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas atacaron el despacho con una serie de multas por violar las leyes antilavado del país. Entre ellas, le impusieron una sanción de 37 mil 500 dólares por no identificar un cliente de “alto riesgo”: Alaa Mubarak, el hijo del exdictador de Egipto.

En febrero de 2015, las autoridades alemanas lanzaron una serie de operativos contra la oficina de Commerzbank y casas particulares en Frankfurt. El Süddeutsche Zeitung reportó entonces que las autoridades consideraban emprender acciones legales contra empleados de Mossack Fonseca por su posible involucramiento en operaciones de evasión de impuestos hacia las filiales del banco en Luxemburgo.

A inicios de 2016, Mossack Fonseca se convirtió en uno de los objetivos de la investigación sobre sobornos y lavado de dinero en Brasil, apodada “Operación Lava Jato”. Este caso sigue creciendo y se convirtió en uno de los escándalos de corrupción más importantes en la historia de América Latina.

Los fiscales alegan que unas empresas brasileñas cooperaron para dividir las licitaciones de la empresa petrolera estatal Petrobras, inflar precios y usar el dinero extra para corromper políticos y funcionarios, así como enriquecerse a sí mismos.

Los fiscales brasileños aseveran que la filial de Mossack Fonseca en Brasil ayudó a algunos de los acusados a crear empresas fantasmas que fueron usadas para perpetrar delitos. En una conferencia de prensa llevada a cabo en enero pasado, aseveraron que Mossack Fonseca era “un gran lavador de dinero” y anunciaron que iniciaron cargos criminales contra cinco empleados del despacho en Brasil. Los delitos abarcan desde lavado de dinero hasta destrucción y ocultamiento de documentos.

El despacho niega haber cometido cualquier delito en este caso. Dijo, en una declaración, que la oficina de Mossack Fonseca en Brasil es una franquicia y que el despacho de Panamá solamente opera desde el país centroamericano, por lo que “está siendo implicado de manera errónea en temas en los cuales no tiene responsabilidad”.

Fue el mismo argumento que empleó en el mencionado caso de Las Vegas.

El juicio de Las Vegas fue iniciado por NML Capital, una empresa estadunidense dirigida por Paul Singer, el financiero multimillonario que maneja fondos de inversión y es conocido por las donaciones masivas que otorga al Partido Republicano.

Mossack Fonseca no formaba parte de los acusados, pero fue sujeto de órdenes judiciales que buscaban obtener información sobre compañías de Nevada. Según el fondo de inversión, Mossack Fonseca había incorporado estas empresas a través de Lázaro Báez, un hombre de negocio cercano a Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ambos expresidentes de Argentina.

Correos electrónicos internos, obtenidos por el ICIJ, muestran que los empleados de Mossack Fonseca en Panamá destruyeron o escondieron las evidencias sobre los vínculos de la sede con su filial de Nevada.

Otro tema de preocupación, según los correos electrónicos, fue que Patricia Amunategui, la directora de la filial en Nevada, pudiera ser forzada a declarar. En un correo electrónico, un empleado de Mossack Fonseca dijo que la sede central quería que “actuara como si fuera proveedor”, es decir, que fingiera ser directora de una empresa estadunidense independiente con simples vínculos comerciales con Mossack Fonseca, pero ningún lazo de propiedad.

Sin embargo, los empleados de Mossack Fonseca temían que la directora no tuviera la destreza necesaria para lograrlo.

El director de Tecnologías de Información de Mossack Fonseca escribió que su equipo estaba preocupado de que Amunategui “no tuviera la capacidad de pasar una auditoría básica. ¡Cuidado!! Estoy profundamente preocupado que Mrs. Patricia olvide cosas o se ponga muy nerviosa. Creo que en esta situación quedaría claro que estamos escondiendo algo”.

Cam Ferenbach, el magistrado estadunidense, no creyó en los intentos de la sede panameña en distanciarse de MF Nevada.

Observó que los contratos de la directora de la filial estaban firmados por los socios del despacho, Mossack y Fonseca, y que recibió “todas sus direcciones” de un empleado de Mossack Fonseca quien vive y trabaja en Panamá. “El propio sitio de Mossack Fonseca & Co asume como suyos los servicios de M.F. Corporate Services”, resolvió el juez.

En marzo de 2015, el magistrado aseveró que Mossack Fonseca y MF Nevada eran uno mismo.

Por Martha M. Hamilton. También participaron en la elaboración de este reportaje: Rigoberto Carvajal, Emilia Díaz-Struck, Cecile Schillis-Gallego, Mar Cabra, Mago Torres, y Sol Laurí.

Tampoco extrañó que Mossack Fonseca no tenga oficinas en México, como en otros países de América Latina. No las necesita. Cuenta con numerosos despachos de abogados que operan como intermediarios entre los beneficiarios finales de las empresas offshore y la firma panameña.

A partir ahí, se empieza a construir un laberinto de compañías, sociedades, directorios, asamblea de accionistas o fundaciones que operan en diferentes jurisdicciones internacionales en las que es difícil dar con el principal beneficiario de la operación de ocultamiento.

De acuerdo con la información obtenida, en el caso de México se contabilizaron inicialmente 65 compañías, 47 beneficiarios finales o dueños, 29 clientes y 208 accionistas de empresas vinculadas con mexicanos o extranjeros radicados en México. A nivel global, el despacho panameño tenía hasta fines del año pasado 214 mil 448 entidades registradas en su historia y 14 mil 153 intermediarios.

Pocos son los casos en que una sola persona es beneficiario final, cliente y accionista. En relación con México es el caso de Manlio Arellanos Gutiérrez, un asesor financiero veracruzano radicado en Aguascalientes y que en 1996 fue acusado de incumplimiento de pago de ahorradores que participaban en Unión de Crédito Impulsora del Desarrollo Empresarial SA de CV (UCIDE). Arellanos dijo a Proceso que sus empresas con Mossack Fonseca ya estaban disueltas y se negó a dar más información.

Sobrino de Octavio Arellanos Zenil, quien en 1997 fue representante del PAN ante el entonces IFE, hoy Instituto Nacional Electoral (INE), en el Consejo Distrital 3 de Tabasco, Arellano Gutiérrez aparece en compañías abiertas por Mossack Fonseca en la República de Seychelles, y las Islas Vírgenes Británicas. Su nombre también aparece en los registros públicos de compañías abiertas en Nueva Zelanda, otro paraíso fiscal, aunque no queda claro si estas últimas se tramitaron también por medio del despacho panameño. (Con la colaboración de Mathieu Tourliere).

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