jueves, 13 de agosto de 2015

Corrupción

Denuncian irregularidades en juzgado
2015 0813 | Las irregularidades en el desalojo forzado que sufrió la defensora de derechos humanos Maríel Guadalupe Bonilla Dumit y los obstáculos para entablar su defensa, revelan el contubernio entre el personal del Juzgado Décimo Segundo, especializado en materia financiera, representado por el Juez Ismael De Gante Sánchez, y los empresarios Beltrán Villagra, avalados por el Presidente del Tribunal, Roberto Flores Toledano.
Integrantes de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH)  denunciaron que el desalojo se llevó a cabo dos días antes de la audiencia mediante la cual se impugnó la ilegalidad del lanzamiento, además de que autoridades mantuvieron en reserva el expediente del caso, sin notificar oportunamente al Albacea, con el fin de impedir la posibilidad de defensa y otorgar ventaja a Beltrán Villagra para su ejecución.

Explicaron que este caso tiene como origen las irregularidades de un juicio que Beltrán Villagra, en representación de Levinia Arellano Cabrera, misma que por treinta y cinco mil pesos en 2010 compró la vivienda desalojada. Dicho juicio fue seguido en contra de María Elvira Guadalupe Dumit Garzón, fallecida desde 1992.

Fernando Javier Beltrán Villagra, titular del despacho Beltrán Villagra y Asociados Jurídico Empresarial, cesionarios de la empresa ZENDERE cuyos directivos fueron ejecutivos que laboraron en HSBC, antes BITAL, banco que originalmente otorgó el crédito hipotecario a los padres de Mariel Bonilla Dumit en 1990, son los compradores de la cartera vencida y especuladores inmobiliarios que han amasado su fortuna con base a este tipo de juicios.

“El 21 de mayo pasado, una comisión de la Red de Defensa de los Derechos Humanos y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo acudimos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, acompañando a Mariel Bonilla e Israel Sampedro a una reunión con el Secretario Adjunto, Guillermo Morales Rodríguez, a quien se le expusieron todas las arbitrariedades de las que está plagado el juicio desde su origen en el año 2003, y el mismo secretario, bajo el discurso de respetar la autonomía jurisdiccional de cada Juzgado,expresó que como Tribunal no pueden impedir las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que los jueces a su cargo cometen”, expuso la RDDH en un comunicado.

Aseguraron que la manera en que se violenta el derecho humano a la vivienda de los defensores de derechos humanos Mariel Bonilla e Israel Sampedro, no es un caso único, sino que miles de familias de mexicanos estén siendo despojados de sus viviendas, producto de la corrupción y usura que funcionarios de gobierno cometen en contubernio con “particulares”.

Exhortaron al pueblo en general, a las víctimas de desalojo y desplazamiento forzado a denunciar, a hacer públicos sus casos y a actuar de forma organizada en la defensa por el derecho humano a la vivienda.

Interviene la CNDH
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) informó que ayer, luego de la difusión de la denuncia pública  del desalojo forzado del que fueron víctimas los defensores de derechos humanos Guadalupe Mariel Bonilla Dumit e Israel Sampedro Morales, miembros de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), abrió el expediente correspondiente y realiza las diligencias pertinentes.

“Este organismo constitucionalmente autónomo, ha buscado a través de la Red de Defensa de los Derechos Humanos a la agraviada; entre tanto, solicitará los informes en colaboración, con el fin de determinar la competencia de esta Comisión y en su oportunidad, estar en aptitud de poder determinar si se trata de una presunta violación a los derechos humanos”, señaló en una tarjeta informativa enviada a este medio”.



Miembros de la RDDH denunciaron el proceso plagado de irregularidades a cargo del  Juez Ismael De Gante López quien ordenó el desalojo con fuerza pública, incluso facultando a la Diligenciaria NON para tal efecto, ya que el Diligenciario Par tiene una queja administrativa por llevar a cabo una diligencia de manera ilegal respecto al mismo juicio.

Acusaron que le fueron entregadas fichas técnicas de las graves violaciones procesales en dicho juicio, tanto al propio Juez como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Sin embargo omitieron las irregularidades y se consumó el desalojo forzado, subrayaron.

“Hay una clara evidencia de violaciones a derechos humanos básicos como es el de certeza jurídica, derecho de audiencia y el derecho humano a la vivienda. Por lo que este caso trasciende un problema entre particulares que cuestiona y pone en duda por la vía de los hechos el carácter ético, legal y los criterios de los Juzgadores en los procedimientos para las resoluciones judiciales. Situación que exige de una intervención apegada a los estándares internacionales en derechos humanos, de lo contrario, el gobierno del estado se convertiría en cómplice por aquiescencia de estos actos”, establece un comunicado de la RDDH.

El posicionamiento solicita al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Gobernador Rafael Moreno Valle:

“Que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla garantice la imparcialidad de la administración de justicia en tanto asuma la responsabilidad de estudiar de fondo el Incidente de Oposición de Ejecución de Sentencia propuesto por Guadalupe Mariel Bonilla Dumit, y resolver conforme a derecho y principios constitucionales dicho incidente.

II.A realizar en el ámbito de sus atribuciones una investigación exhaustiva e imparcial respecto al actuar aquiescente de las autoridades del Juzgado Décimo Segundo Especializado en Materia Financiera de esta ciudad de Puebla con Javier Beltran Villagra en representación de María Levinia Arellano Cabrera a efecto de sancionar administrativa y/o penalmente a los responsables.

A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, les pedimos muy atentamente expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno al gobierno del Estado de Puebla y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para que atiendan puntualmente la presente petición.”

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