lunes, 30 de noviembre de 2009

Las irregularidades de Cóofia

Fuente: Jorge Castillo / Intolerancia

Los resultados de la auditoría practicada por DGRV a Financiera Coofia, reveló que 86 por ciento de los activos de dicha caja de ahorro está colocado en empresas dedicadas a la minería, monto que asciende a mil 614 millones 530 mil pesos; sin embargo, este dinero no ha aportado ganancias ni liquidez a la financiera desde 2005. Coofia era una cooperativa de ahorro y crédito que distorsionó completamente su objetivo de creación al ofrecer al público en general sus servicios, lo que constituyó una trasgresión a la ley; inclusive, el cobro de impuestos estatales o de servicios —como cable o luz— era una actividad ilegal, pues no estaba facultada para ello según muestra el acta constitutiva.

Según dicha auditoría, los activos líquidos de Financiera Coofia al 31 de marzo de 2009 eran 5 millones 77 mil pesos, únicos recursos disponibles para el pago a los ahorradores, cuando sus gastos operativos rebasaban 8 millones de pesos al mes.

El total de socios de la cooperativa era de 63 mil 431 personas y el total de ahorradores sumaba 61 mil 222, mientras que había 18 mil 239 inversionistas y 14 mil 942 acreditados.

Según la copia de un documento oficial en poder de Intolerancia Diario, un directivo del Banco Nacional de Servicios Financieros (Bansefi), Gonzalo Tapia Velasco, informa al director general de Coofia, Valente Medina Seoane, que “se terminó un trabajo de consolidación para el préstamo”.

Sin embargo, Bansefi no da información sobre si finalmente se consolidó dicha operación, a pesar de que la solicitud de acceso a su versión se hizo desde hace más de una semana a Gonzalo Tapia Velasco, director de Atención al Sector de Ahorro y Crédito Popular.

En el documento, el prófugo de la justicia, Valente Medina Seoane, es informado que le hacen llegar el “resultado del trabajo de consolidación” o auditoría, que el ingeniero Gustavo Vásconez Espinoza, director de Proyectos de la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), realizó a la empresa, y que la elaboración de dicho trabajo conforme al requerimiento que hiciera Fipago para atender la solicitud de apoyo que hizo Coofia desde el 24 de noviembre del 2008.

La respuesta de Bansefi fue emitida hasta el 6 de junio de 2009, cuando ya había “estallado” el escándalo financiero más grave en la historia de Puebla.

En el documento se detalla que la solicitud de apoyo que hizo Coofia a Fipago era para fortalecer su esquema financiero de acuerdo con los requisitos del marco legal vigente, y fue enviado a distintos directivos de Bansefi, como al director general adjunto de Administración Corporativa, Alejandro Ríos Camarena Rodríguez; además, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la administración del Fipago, estaban enterados del asunto al recibir una copia respectivos directores.
En el caso de la CNBV, fue enterado de la solicitud de crédito Rodrigo Sánchez Arriola Luna, director general de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular; y por parte de Fipago, el comisionado Guillermo Barnés García recibió una copia pero ninguno alertó a los ahorradores.

El megafraude

Los resultados de la auditoría practicada por DGRV a Financiera Coofia, reveló que 86 por ciento de los activos de dicha caja de ahorro están colocados en empresas dedicadas a la minería, monto que asciende a un mil 614 millones 530 mil pesos; sin embargo, este dinero no ha aportado ganancias ni liquidez económica a la financiera desde 2005. Coofia era una cooperativa de ahorro y crédito que distorsionó completamente su objetivo de creación, al ofrecer al público en general sus servicios, lo que constituyó una transgresión a la ley; inclusive, el cobro de impuestos estatales o de servicios –como cable o luz– era una actividad ilegal, pues no estaba facultada para ello, según muestra el acta constitutiva.

Según dicha auditoría, los activos líquidos de Financiera Coofia al 31 de marzo de 2009 eran 5 millones 77 mil pesos, únicos recursos disponibles para el pago a los ahorradores, cuando sus gastos operativos rebasaban 8 millones de pesos al mes.

El total de socios de la cooperativa era de 63 mil 431 personas y el total de ahorradores sumaba 61 mil 222, mientras que había 18 mil 239 inversionistas y 14 mil 942 acreditados.

La protesta

Los defraudados, mediante “acciones de presión al gobierno”, recuperar sus ahorros, pero a pesar de que se anunció una “megamarcha” a la ciudad de México esta misma semana, la apatía ha hecho que se posponga unos días más.

Carlos Ahuactzin Huerta, integrante de la comisión negociadora de los afectados, hizo un llamado urgente para llevar a cabo las acciones y estrategias para realizar la “megamarcha” a la capital del país.

Sin embargo, en entrevista con Intolerancia Diario dijo que sólo han respondido víctimas de Tlaxcala y Veracruz, por lo que la manifestación se pospone unos días más.

El objetivo de la “megamarcha” es presentar sus demandas a instancias federales como la presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la Republica, Suprema Corte de Justicia, Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores.

Las exigencias son: pago al 100 por ciento de las inversiones; que este pago cubra el importe de las mismas, independientemente del monto de las inversiones y que el pago se aplique para el total de lo invertido por cada uno de los defraudados.

Los afectados convocados que no han respondido a la convocatoria son de las ciudades de Oaxaca, Huajuapan de León, Cuautla, Tonatico y Estado de México.

En el caso de los oaxaqueños, explicó Ahuactzin Huerta, tiene información de que aceptaron el Fipago –que les regresen 70 por ciento de su dinero–, por lo que ya no harán protestas

Los que no han aceptado son las victimas del Estado de México y Morelos, aunque no se han unido a los poblanos, veracruzanos y tlaxcaltecas.

El avance de las negociaciones

La comisión negociadora de los defraudados informó del estado actual de las pláticas llevadas a cabo con las diferentes entidades del gobierno estatal y del Fipago, revelando que el lunes 26 de octubre se reunieron para establecer los puntos a incluir en un escrito elaborado por Matilde Ventura y nombrar a la comisión que lo entregó en la ciudad de México, en la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia.

El viernes 30 de octubre se tuvo una audiencia con el subcomisionado del FIDE en el Distrito Federal, en la que la comisión designada le presentó un pliego de 17 preguntas relativas a la forma de aplicación del Fipago.

El domingo 8 de noviembre se designó una comisión que realizó un viaje a Chiautla de Tapia para establecer contacto directo con ese grupo de defraudados.

Luego de la marcha del 12 de noviembre, del “Gallito” a Casa Aguayo, las autoridades estatales se comprometieron a resolver las demandas de forma inmediata.

El sábado 21 de noviembre se recibió un oficio firmado por Guillermo Barnés, comisionado del Fipago, informando que se han tenido reuniones de trabajo con funcionarios estatales en las cuales se ha concluido y acordado que los ahorradores defraudados pueden ser sujetos de apoyo.

Valente Medina Seoane burla a las autoridades

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha recibido, tanto en la capital como en municipios del interior del estado, 5 mil 809 denuncias de fraude contra Coofia por un monto de 692 millones 904 mil 256 pesos.

A pesar de que es la financiera con más fraudes, la PGJ de Puebla no ha aprehendido a una sola persona, a diferencia de los casos de Sitma, Invergroup y Bienestar Social, donde ya hay detenidos.

Los únicos aprehendidos fueron el gerente de Tesorería, Ignacio García, y el subdirector de Negocios de Financiera Coofia, Carlos Roberto, pero por autoridades federales.

En lo que respecta al dueño mayoritario de Financiera Coofia, Valente Medina Seoane, ni las autoridades estatales se ponen de acuerdo para especificar su paradero.

Y es que la semana pasada el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, afirmó ante micrófonos de la prensa que ya había escapado del país, y unos días después el procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra dijo no tener información al respecto.

Pero no sólo es buscado Valente Medina Seoane, sino todos los socios de la financiera como Alfonso Colunga Velázquez, Miguel Ángel Corona, Ana María De Gante Ávalos y Darío Medina Seoane. De ellos, nadie sabe nada.

Como se da en estos casos, salen a relucir muchas versiones sobre la localización de los defraudadores, aunque todos coinciden en que ninguno se encuentra en México.


Se hace de la vista gorda Finanzas

Los indígenas defraudados inclusive están a punto de perder sus cosechas, debido a que depositaron todo su dinero, el que no han podido recuperar desde hace meses, lo que los mantiene en la desesperación.

Una mujer de edad avanzada fue entrevistada por Intolerancia Diario mediante una traductora, quien en totonaco expresó todo el sufrimiento de los últimos meses ante la angustia de haber perdido todo.

–¿Cómo llegaron a confiar en Coofia?

–Confiamos en Coofia porque tenían sus oficinas en la Secretaría de Finanzas y ahí podíamos hacer pagos de impuestos, ¿cómo es posible que el gobierno hiciera un convenio con una financiera irregular?, el gobierno tiene la culpa de que metiéramos ahí el dinero”, dijo en la traducción del totonaco.

jueves, 19 de noviembre de 2009

Revelan explotación de niños de la calle



Ocupa Puebla el tercer lugar: Juconi


Puebla es el tercer lugar nacional en población de niños en situación de calle que son explotados, tan sólo por debajo del Estado de México y Jalisco, así lo reconoció el director general de la fundación JUCONI, Travis Ning.

De acuerdo a los datos en el estado de hay una población de 200 mil menores que trabajan en la calle, de entre 5 y 17 años, lo cual representa el 24 por ciento del total del país.

Travis Ning indicó que los principales factores que ocasionan que Puebla esté en tercer lugar nacional se debe a la situación financiera que atraviesa el país, los índices de pobreza y falta de políticas públicas para erradicar esta penosa incidencia.

Tras la celebración de los 20 años de fundada esta institución, consideró que aún faltan reformas a fondo en las leyes mexicanas para implementar castigos más severos a las redes de explotadores que utilizan a menores de edad con fines comerciales y de trabajo.

Lo anterior se dio a conocer después de un balance general de las labores realizadas por la fundación.

En esto destaca el apoyo que han recibido más de 2 mil niños en situación de calle, que 8 de cada 10 niños fueran reinsertados de manera permanente en la sociedad, otros 2 mil 500 niños han sido atendidos por sufrir violencia y se ha prestado apoyo a 350 familias.

Desde su creación, la fundación ha implementado un enfoque que reúne los últimos avances en la materia a nivel internacional con su experiencia directa en el campo. Los resultados hablan por sí solos: 8 de cada 10 niños con los que trabaja logran reintegrarse de manera permanente a sus comunidades.

De acuerdo al Módulo sobre trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en 2007, existían 1.1 millones de niños trabajadores menores de 14 años —muchos de ellos en las calles de los estados de Puebla, Jalisco o Guerrero—.

“Algo que nos caracteriza es que además de atender a los niños en situación de calle, trabajamos con sus familias. Nuestros programas son integrales, porque sí se trabaja con el niño, pero no con su entorno, las posibilidades de éxito son casi nulas”, agregó.

Por medio de sus tres programas de atención, JUCONI impacta actualmente de manera positiva en la vida de 350 niños y jóvenes, así como en las 120 familias correspondientes.

En 2008, la Unicef premió a la fundación con el primer lugar por Mejores Prácticas por implementar “metodologías rigurosas e innovadoras” con familias, y por el claro compromiso en la protección de los derechos de los niños.

200 mil menores trabajan en las calles, de entre 5 y 17 años.

Desmantelan laboratorio de bebidas embriagantes

Utilizaban alcohol para curaciones

La Secretaría de Salud, Policía Metropolitana y la dirección de Normatividad Comercial dieron un duro golpe a falsificadores de bebidas alcohólicas de marca.

Todas estas instancias participaron en un megaoperativo realizado en San Juan Xilotzingo, donde se desmanteló un laboratorio clandestino donde se elaboraban tequilas, rones y brandys de diferentes marcas, sin destilación y con uso de alcohol “del 98”, que es utilizado para curaciones.

Gracias a la llamada anónima de un ciudadano se ubicó una bodega de 6 mil metros cuadrados donde se embotellaban las bebidas adulteradas, ubicada en calle Prolongación Parral 8921, en San Juan Xilotzingo.

Al momento de la revisión se detectó que no estaban autorizados por instancias de Salud, licencia de funcionamiento, irregularidades en su documentación, uso de suelo, brigadas de Protección Civil, además de no tener un proceso de destilación adecuada. En el lugar se decomisaron alrededor de 2 mil envases de alcohol para curar heridas, utilizado para falsificar estos productos.

Entre las marcas que encontraron en el lugar estaban Charanda Rey Tercero, Tequila Herradero, Tequila Magueyazo, Brandy Contemporáneo, Ron Contemporáneo, Ron Cachorro y Tequila Jalieza.

En el lugar laboraban 40 trabajadores, contratados para envasar el alcohol apócrifo y colocar las etiquetas correspondientes, sin embargo no hubo detenciones porque los propietarios no se encontraban en el lugar.

Por consiguiente, la Secretaría de Salud enviará un escrito a la Procuraduría General de la República (PGR) para iniciar las investigaciones correspondientes y procesar a los responsables; en tanto, el lugar quedó bajo resguardo de la Policía Metropolitana.

Según las cifras dadas en los últimos tres años, por parte de la Profeco, se establece que en materia de decomiso de bebidas alcohólicas adulteradas, en 2005 se decomisaron 29 mil litros, en 2006 se retiraron del mercado 31 mil litros y en 2007 se incautaron 27 mil litros que se comercializaron en todo el estado poniendo en riesgo a los ciudadanos.

En antros y cantinas se han encontrado 83 marcas de tequila, vodka y ron, que son las que más se falsifican pues su consistencia, color y sabor es más fácil de adulterar.

Una vez que se analizan las bebidas si el alcohol es de buena calidad se permite su venta, pero si está adulterado se procede contra los propietarios del lugar donde de expendió, al mayorista, distribuidor y hasta al fabricante, si se da el caso.



Los efectos

* El metanol (alcohol metílico o alcohol de madera) es extremadamente tóxico.

* Una cantidad pequeña como dos cucharadas (30 centímetros cúbicos) puede ser fatal para un niño, y de 60 a 250 centímetros cúbicos (2 a 8 onzas), mortales para un adulto.

* Los efectos comienzan entre 40 minutos y 72 horas después de consumirlo; al principio puede confundirse con una borrachera. Los síntomas varían según el grado de intoxicación: dolor de cabeza, mareo, decaimiento, convulsiones, coma, pérdida de la agudeza visual, ceguera irreversible, náuseas, dolor abdominal, pancreatitis, dificultad para respirar y muerte.

* El resultado definitivo depende de la cantidad ingerida y la prontitud con que se inicie el tratamiento en un hospital.

* Mientras el afectado es trasladado a una unidad de urgencias, tenga en cuenta que no debe inducirse vómito ni administrar bebidas o alimentos de ninguna clase.

* Procure anotar la hora exacta de ingesta, la cantidad ingerida y trate de llevar una muestra del producto consumido.



Tome nota

Se dan las siguientes recomendaciones:

a. Fijarse en los precios; las gangas pueden ser indicio de alcohol ilegal

b. Las botellas son recicladas, por lo que las etiquetas están maltratadas; asimismo, verifica que los sellos no estén rotos

c. Exigir al mesero que abra la botella en tu presencia

d. El tapón de la botella puede estar flojo

e. La tapa de la botella puede ser diferente a la de la etiqueta

f. Verifica las botellas cuando sea barra libre

g. Ten cuidado con los famosos shots y barras libres; muchos están adulterados

40 % de las bebidas que circulan en el país son ilegales, según la Fundación de Investigaciones Sociales AC.

10 poblaciones de Cholula son las que más comercializan bebidas adulteradas.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Gansterismo y usura en Vic Pronto

El Correo de los muertos….

“Quisiéramos narrar a usted una serie de actos, atropellos, robos y fraudes cometidos en nuestra contra por una empresa denominada Vic Pronto SA de CV, empresa dedicada a prestar dinero a muy altos réditos, con garantías excesivas y con contratos viciados, que tiene como fin desposeer a la gente de sus bienes.

”Esta empresa es propiedad de Víctor Popoca Castillo y su familia, quienes en esencia se dedican a prestar dinero como decíamos con intereses altísimos que caen en la usura, pero para tratar de cubrir su desmedido deseo por el dinero engañan a la gente para firmar contratos y pagarés, quedando como garantía un bien, en su mayoría terrenos o casas, los cuales, si no son cubiertos, Víctor Popoca Castillo cobra de nuevo los documentos, o sea, los pagarés, mediante juicios ejecutivos mercantiles; sin embargo, estos juicios no son justos, pues no sólo demanda lo que en todo caso se le llegase a deber, sino que demanda toda la suerte principal de los documentos firmados, es decir, demanda el cobro de los pagarés en su totalidad, a pesar de que ya estén casi cubiertos; y como no tenemos dinero para pagar abogados, entonces perdemos nuestros bienes en prenda, ya sean casas o terrenos.

”Si por alguna causa tratamos de dialogar con él, simplemente nos echa a sus abogados, con la amenaza de entambarnos, aparte de que hace gala de que tiene muchísimas relaciones que lo hacen intocable, que tiene dinero para comprar a quien quiera y que jamás nadie le va a apodera hacer algo.

”También se vale de su esposa, Martina Ramírez Chico, y de su hijo, Germán Popoca Ramírez, para hacer los cobros de dinero y como ellos son los que firman los recibos de dinero y no el señor Víctor Popoca Castillo, entonces cuando nos tratamos defender en juicio, sale con que como no le pagamos a él, pues no valen los pagos”.

“Como verá, todo está medido y diseñado para que perdamos de cualquier modo, a base de engaños y actos de mala fe que rayan en delincuencia organizada.

”Vic pronto SA de CV tiene sucursales en las localidades de Zacatelco, Huejoztingo y Nealtican, y por este medio hacemos público que estamos conformando un frente unido en contra de las arbitrariedades y fraudes del señor Víctor Popoca Castillo, Martina Ramírez Chico y su hijo, Germán Popoca Ramírez, a fin de que por este medio todos aquellos que hayan sido timados, engañados, o defraudados por Vic Pronto SA de CV se unan y se comuniquen con nosotros que también somos afectados y formemos una sola voz y fuerza, para pedir a nuestras autoridades que nos ayuden en contra de gente abusiva como ésta y se haga valer en nuestra favor la justicia”.

Nos vemos cuando nos veamos


martes, 17 de noviembre de 2009

El Mayen, plan piloto para el asesino de la hummer

Ayer, en la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), no sólo se celebró la audiencia de vista a la inconformidad que presentó la Procuraduría General de Justicia (PGJ), por la frágil sentencia que el juez de lo Penal de Cholula, Francisco Javier Martínez Castillo, le dictó a Mario Francisco Méndez López, “El Mayen”, al encontrarlo responsable del delito de homicidio imprudencial en agravio de quien en vida se llamó Guillermo Domínguez Ribadeneira, sino que también operó un programa piloto, nada más para saber qué pasaría si Luis Eduardo García, “El Asesino de la Hummer”, fuera sentenciado de la misma forma: muy blandita.

A puerta cerrada, los magistrados Arturo Madrid Fernández, el otrora “Juez de Hierro”, Leonardo Tecua Petla y Elba Rojas Brucheta, analizaron la foja 991/2009, donde el Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia presentó inconformidad por dos razones, la primera por una sentencia “a modo” y la segunda, la multa bajo las mismas circunstancias, al alcance del bolsillo de un sentenciado por sus exquisiteces de conducir en estado de ebriedad y drogado, sin que por el momento se conozca el fallo; hay quienes dicen que como mínimo este debe tardar un mes.

El expediente que tienen sobre la mesa es muy delicado y conlleva muchas responsabilidades.

Primero le comentó que la moda del día son los accidentes provocados por personas que conducen en estado de ebriedad, llevados interiormente por la tranquilidad de que la justicia “les va a hacer lo que el viento a Juárez”, por lo que se antoja necesario un claro ejemplo de que las penas para este tipo de delincuentes “imprudenciales”, se van a endurecer, por lo menos para concientizar a quienes se emborrachan y conducen vehículos.

Segundo porque no es posible que existan procesos VIP y procesos comunes, los primeros que pueden durar como mínimo un mes para que salga una sentencia —favorable, por supuesto— y los segundos que tengan “efecto tortuga”, porque los procesados no tengan una capacidad económica suficiente, como para que los cuiden con algodones, como ocurre en el caso de “El Mayen”.



Manual de operaciones para el Asesino de la Hummer

De acuerdo a lo que determinen los magistrados es el ritmo que van a llevar los abogados de Luis Eduardo García, quien la madrugada del 12 de marzo pasado, provocó la muerte de Cristina Pérez, frente a las instalaciones de la UMAD, cuando en estado de ebriedad impactó su camioneta Hummer contra el vehículo Chevy donde se encontraba, estacionada, su víctima.

“El Mayen” fue sentenciado a cumplir una condena de 3 años y 9 meses de prisión, —con beneficio a la conmutación de la pena— y a pagar una multa de 108 mil pesos, por cegar una vida, de ser ratificada esta sentencia entonces el caso del “Asesino de la Hummer” se antoja igual de obsceno y entonces ¿la justicia?.

Es cierto que Mario Francisco Méndez López resarció económicamente el daño al pagar una considerable cantidad a los familiares de su víctima, pero también es cierto que se trata de un delito que se sigue de oficio, de no ser así quien tenga una buena cantidad de dinero en la bolsa va a disponer de la vida de quien se le dé la gana, de quien sea.

El caso de “El Mayen” no se debe medir por dinero o por influencias sino por la aplicación de la ley, sobre todo porque los ojos de otros sospechosos de delitos similares van a exigir que les digan “de a como les toca”.



Un juez bajo la lupa

Muy aparte del falló de la primera sala del TSJ, el juez de lo Penal de Cholula, Francisco Javier Martínez Castillo, deberá explicar qué lo llevó a aplicar una sentencia tan pronta y expedita, y dejar a un lado los múltiples casos donde procesados demandan la misma actitud.
Le repito, todo esta en manos de los magistrados.
Nos vemos cuando nos veamos
porquelosmuertos@gmail.com

jueves, 5 de noviembre de 2009

Libre, el presidente del Colegio de Abogados

Desde la tarde del martes 3 de noviembre José Alberto Domínguez Martínez, presidente del Ilustre Colegio de Abogados, es de nuevo un hombre libre y sin problemas legales graves.

La razón es muy simple, el Juez Octavo de Primera Instancia, Celestino Martínez, consideró que no existen fundamentos contundentes para acusarlo por el delito de chantaje, por lo que la denuncia que pesa en su contra, interpuesta por el litigante Valentín González Centeno fue degradada a amenazas y entonces Domínguez Martínez solicitó su libertad mediante el pago de una fianza, y de inmediato la obtuvo.

Valentín González Centeno denunció ante la DIEDO (Dirección de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada) que Jorge Alberto Domínguez había amenazado a su cliente, Jaime Ernesto Munguía Martínez, para que se desistiera del litigio por la posesión del gimnasio ubicado en la 39 Oriente y 16 Sur, además le exigió el pago de 900 mil pesos por costos del caso.

Habría que decir que antes de darse este hecho, el presidente del Colegio de Abogados, en un caso muy ajeno a sus actividades en esa asociación civil, había denunciado y encarcelado a Munguía Martínez por el delito de chantaje; entonces, para retirar la denuncia le exigía el desistimiento y el pago de los costos del caso.

Las pláticas para discutir los términos de un caso civil fueron grabadas e incluso filmadas, lo que llevó a una denuncia en contra de Jorge Alberto Domínguez, desde el año 2008 y ésta terminó en el Juzgado Octavo de lo Penal, quien dio inicio al proceso 433/2008 por el delito de chantaje, sólo que el juez negó la orden de aprehensión, tras considerar que no había forma de cuadrar un delito de chantaje.

El abogado de Jaime Ernesto Munguía se inconformó con la determinación del juez y el caso fue a parar a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, donde los magistrados determinaron solicitar al Juez Octavo girara orden de aprehensión contra el sospechoso, misma que se cumplió antes del mediodía del miércoles 28 de octubre.



Más mezcla, maestro

El jueves 29 de octubre el abogado Valentín González Centeno aprovechó una conferencia de prensa en la sala Arturo Fernández Aguirre, de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para hacerse “el aparecido” y permitir varias entrevistas a los reporteros de la fuente policiaca, donde aseguró haber sido amenazado por parte de Jorge Alberto Domínguez, quien le advirtió que saldría para desquitarse después.

Ese día, González Centeno detalló la denuncia presentada contra el presidente del Ilustre Colegio de Abogados, donde dejó entrever la parcialidad de la PGJ, pues dijo que cuando Jorge Alberto Domínguez denunció a su cliente por chantaje, la integración del expediente duró sólo un mes, mientras que cuando fue denunciado tardaron hasta 9 meses para integrar la averiguación previa.

Este reportero le preguntó si pensaban otorgarle el perdón al abogado, ya que existía el rumor que Domínguez Martínez iba a ser liberado de inmediato y la respuesta fue “no”, sin embargo el rumor fue cierto, Jorge Alberto Domínguez Martínez está libre.

La noticia de la liberación del aún presidente del Colegio de Abogados fue muy discreta; sólo amigos personales y familiares del abogado fueron enterados, sin embargo no faltaron quienes dieron aviso a los medios informativos, tal y como ocurrió durante su detención.

Por el momento, se desconoce la actitud de Domínguez Martínez una vez liberado, recuperado su cargo de la asociación civil y su despacho.

Se presume que va a devolver la afrenta, por que será muy difícil que quiera “poner la otra mejilla”.

Nos vemos cuando nos veamos